“CARTAS DE INTENCION” CON VENEZUELA CARECEN DE APROBACION PARLAMENTARIA.
Los acuerdos firmados entre Lugo y Chávez no tienen ningún valor jurídico.
El presidente Fernando Lugo tiene potestad para firmar acuerdos internacionales, pero no puede dejar de lado el mandato constitucional de someter los documentos a consideración del Congreso Nacional. Las “cartas de intención” firmadas con Chávez no tienen valor jurídico.
El agua, un bien natural que adquirió valor estratégico. Fernando Lugo firmó un acuerdo que puede atarnos sin motivo con Venezuela.
La República Bolivariana de Venezuela busca implementar de inmediato en Paraguay el proyecto de Mesas Técnicas de Agua.
El artículo cuarto de la “carta de intención ambiental”, firmada el 16 de agosto en San Pedro de Ycuamandiyú, establece la creación de una comisión técnica, cuyos integrantes serán designados dentro de los 30 días siguientes a la firma del acuerdo.
El objetivo es “proceder de inmediato a realizar un cronograma de trabajo para ejecutar el plan de acción”.
El artículo quinto menciona que Paraguay designa como “órgano ejecutor del proyecto a la Secretaría del Medio Ambiente”, aunque en nuestro país el nombre de la institución ambientalista gubernamental es Secretaría del Ambiente.
La “carta de intención” define a las Mesas Técnicas del Agua como “una forma de organizar a las comunidades, las cuales son las que deben presentar un diagnóstico de su situación actual, a objeto de garantizar que su participación sea la protagónica”.
Hablar de una “carta de intención” y al mismo tiempo establecer plazos perentorios para iniciar el proyecto bolivariano en Paraguay es absolutamente contradictorio. Ya no existe “intención” sino un compromiso manifiesto que debe ser cumplido.
La denominación de “carta de intención” no es otra cosa sino una trampa semántica. Los primeros en caer fueron diputados del Partido Patria Querida, quienes consideraron que solo los tratados son objeto de acuerdo parlamentario y creyeron que estos documentos están “excluidos de este rango constitucional”.
El artículo séptimo habla del financiamiento del proyecto: “Los gastos que se generen con ocasión de la ejecución de la presente Carta de Intención, a partir de su suscripción serán asumidos por las Partes de conformidad con sus disponibilidades financieras”.
Debido a las limitaciones financieras de Paraguay, la República Bolivariana de Venezuela correrá con todos los gastos que demande la ejecución del proyecto. Sin impedimento alguno, Hugo Chávez podrá utilizar sus ingentes recursos económicos para comprar conciencias en nuestro país, que por cierto están bastante devaluadas últimamente.
EL ACUERDO NO TIENE VALOR
El 10 de agosto, en su programa radial “Aló, Presidente”, Hugo Chávez definió las Mesas Técnicas de Agua de la siguiente forma: “Estas Mesas Técnicas del Agua, como herramientas de la revolución, permiten construir el socialismo bolivariano, el cual no cae del cielo, sino que se construye desde abajo, para impulsar los valores socialistas venezolanos”.
Fernando Lugo aceptó un acuerdo con Venezuela que obliga a nuestro país a “organizar a las comunidades” en función a los “valores socialistas venezolanos”.
Las Mesas Técnicas de Agua no son otra cosa sino una herramienta de la revolución que promueve Hugo Chávez.
Todos los niveles técnicos establecidos en nuestro país son dejados de lado: las comunidades deben presentar su propio diagnóstico, a fin de garantizar una participación protagónica.
Esto significa tirar por la borda la eficiencia de las juntas de saneamiento y las empresas aguateras, que trabajan como ejemplo de autogestión a nivel mundial. Paraguay es un ejemplo a nivel internacional en materia de suministro de agua potable y los logros alcanzados, en lugar de fortalecer aún más, serán dejados de lado en busca del financiamiento de Hugo Chávez.
La Constitución Nacional establece la obligación de contar con aprobación del Congreso para que los acuerdos internacionales formen parte del derecho positivo del país.
El gobierno de Fernando Lugo no cumplió esta disposición constitucional, por lo tanto los acuerdos firmados con Venezuela carecen de valor, a los efectos legales.
Roque González Vera. Diario ABC Color 01/10/2.008.
roque@abc.com.py

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